Apartadó, Antioquia

“Urabá mató a don Porfirio y por ahí derecho nos mató a todos”

Carlos Montoya ha dedicado su vida a investigar los casos de usurpación de tierras en Urabá. Tanto de víctima, como de activista, ha denunciado y señalado a quienes amenazan, desplazan y asesinan a cientos de campesinos de la región. Su carrera es símbolo de los peligros que conlleva ejercer el periodismo rural en Colombia.

  • María José Peláez

    @mariajop4
  • 4 September, 2019

Al fin estábamos en silencio. Los poquísimos segundos de mudez le habían servido a Carlos para tomar impulso. Esta vez más taciturno y pausado, pero seguido de nuevo por una ráfaga de frases sin terminar, de palabras sueltas y de incisos sobre incisos. 

«No voy a olvidar el día en que mataron a don Porfirio: un sábado. A mí no se me olvida que a los dos días de ese enero de 2017 llevé a la familia de don Porfirio al Comité de Justicia Transicional, que es la instancia por la Ley 1448 de las víctimas…, y dije: este es el momento de que la familia hable ante las autoridades sobre lo que pasó y reciba alguna garantía de reparación. Pero no fue así. En cambio, el alcalde de Turbo Alejandro Abuchar dijo que si la familia entraba al Comité, él se retiraba. Y eso hizo. Pasó frente a la familia y no les dijo absolutamente nada. Luego nos dimos cuenta de que la Alcaldía había dado alrededor de sesenta millones de pesos para realizar varios operativos de desalojo en tierras de reclamantes. Ahí estaba la de don Porfirio, por supuesto. Obviamente ese territorio ya  estaba protegido por medidas cautelares por un juez de restitución de tierras de Quibdó. Y el alcalde, sabiendo eso, igual montaba esos operativos y destinaba plata. En el acta también decía cómo coordinó llevar en helicóptero a agentes del Esmad, para sacar a la gente de la tierra…» 

“No voy a olvidar el día en que mataron a don Porfirio”…

Carlos Montoya no olvida muchas cosas. El Urabá antioqueño se le pegó a los huesos y parece ya incapaz de separar su vida de la de cientos de campesinos que conoció en su trasegar de periodista rural. Sus anécdotas, su relación con las fuentes –lo que nosotros, tomando distancia, llamamos fuentes–, su forma de entender la profesión, no se parece a nada que haya conocido antes.

A veces pienso que Carlos es más un activista que un periodista. Sin embargo, lo digo en un murmullo, porque me corrige al instante y se molesta cuando me refiero a él así. “Yo soy un enamorado del periodismo”.

Y bueno, al fin de cuentas, su grado profesional así lo certifica: “Comunicador social y periodista” de la Universidad de Antioquia sede Medellín. Lo que pasa es que el periodismo en las regiones se hace a otro precio. Las constantes amenazas, la cercanía con las historias, el conocimiento del terreno no permiten la frialdad, no permiten la distancia ni la pasividad. Allá, en Urabá, las investigaciones periodísticas inciden en la vida de cientos de personas…, para bien o para mal. Personas que esperan los frutos de su testimonio, personas que esperan que sus palabras sirvan como prueba del horror.

Por eso Carlos insiste en que sus más de diez años de experiencia en el medio le permitieron entender que el periodismo tiene muchas más posibilidades que las de simplemente preguntar o buscar todas las partes de una historia. “Ahí tampoco reposa la verdad”. 

La mayoría de reclamantes de tierras  en Urabá, aseguraron poner las denuncias en la fiscalía en cuanto sucedieron las hechos, pero los funcionarios las archivaron al poco tiempo.

(Foto: © Forjando Futuros )

«Hay una frase que leí hace poco y es que si una fuente dice que ‘está lloviendo’ y la otra dice que no, el periodista no debe dedicarse a decir este dice que llueve, este dice que no, el periodista debe abrir la ventana y verificar si está o no lloviendo. Entonces el trabajo que hacemos aquí me parece fundamental en el sentido de que cruzamos los datos, preguntamos, escuchamos, nos vamos al archivo, pero no nos quedamos solo con el testimonio oral. Gracias a eso es que hemos encontrado los grandes patrones de criminalidad en Urabá. A punta de fuentes verbales no habríamos llegado a esas conclusiones nunca.» 

Sin embargo, como con miedo de que lo vuelva a confundir con activista, Carlos añade que no pretende ser un juez. Más bien quiere documentar, visibilizar y visitar lo que nadie documenta, visibiliza o visita, “y si eso sirve de insumo para la Comisión de la Verdad, para la JEP, incluso para los tribunales ordinarios, pues mucho mejor”. De ahí su interés por las organizaciones sociales y la política, más que por los medios de comunicación. 

En el Instituto Popular de Capacitación, donde trabajó unos tres años, se le permitió indagar más sobre su caso y  el de varios campesinos. Él mismo es víctima del conflicto armado colombiano y de persecución judicial.

Llegó de Medellín a Urabá porque su familia es reclamante de tierras en Mutatá, antes de que existiera la Ley 1448 de 2011.

Llegaron en ese tiempo en que los campesinos tenían que iniciar enredados procesos civiles para pelear por sus parcelas robadas. “Yo por eso valoro tanto la ley 1448, porque cuando sale una sentencia la sentencia no tiene apelación y si la restituyen la restituyen. Lo que quiere María Fernanda Cabal es acabar con eso y volver a los procesos civiles en los que existen miles de figuras jurídicas para no restituir. Y eso fue lo que les pasó a mis padres. En 2013 sale la sentencia. El mismo día que nos entregan el predio, los usurpadores Oscar Jaime Molina y Jhon Jairo Molina nos amenazan. Ambos habían sido testaferros de uno de los líderes paramilitares más temidos de Antioquia”.

Desde entonces, ni Carlos ni sus papás pudieron regresar a la tierra.

Según comentó Gerardo Vega, director de la Fundación Forjando Futuros y amigo personal de Carlos, una sentencia en un proceso ordinario no tiene la garantías de seguridad y protección de una Restitución de Tierras. Por esa razón los hermanos Molina lograron apelar una y otra vez la sentencia y, además, recurrieron a figuras jurídicas para declararse poseedores de la tierra, supuestamente “porque los dueños no aparecieron”. “¿Cómo van a aparecer si están muertos de miedo de que los maten?”, reclama Gerardo.

Hasta el día de hoy la familia de Carlos no ha recibido una indemnización, según él, porque los Molina se niegan “simplemente” a pagar. 

La paradoja en estos casos es que Carlos, Gerardo, Nervelia y Carlos Páez, como la mayoría de reclamantes de tierras con los que hablamos en Urabá, aseguraron poner las denuncias en la fiscalía en cuanto sucedieron las hechos, pero los funcionarios las archivaron al poco tiempo. Sin embargo, muchas de las denuncias que los ladrones de la tierra pusieron contra ellos siguen activas. Todas y cada una de estas personas respaldaron el testimonio de Carlos en el sentido de que a ellas también las estigmatizaron y mancillaron a través de la ley. “Terrorismo, invasión a la propiedad privada, desacato”, son solo algunos de los crímenes que les achacaron.

De ahí que el trabajo con el IPC sea fundamental en la vida de Carlos, pues no solo pudo mirar más allá de sí mismo y del problema que su familia enfrenta hace tantos años, sino que pudo encontrar las similitudes de su caso con el de otros, y ver la constante vulneración de derechos a la que la ley somete a muchos campesinos de la región que ni siquiera saben leer, según explicó.

«Si una persona no sabe leer, si no tiene más que un papel amarillo y doblado en su billetera como prueba de que tal o cual propiedad le pertenece, si no tiene dinero para un abogado, si no tiene tiempo para estar 24/ 7 defendiendo su caso, ¿cómo va a recuperar su tierra? Si mi familia que sabe leer, que tiene certificados de propiedad y testigos, que tiene dinero para pagar un abogado, que tiene tiempo para defender su caso, lleva más de diez años en esto sin ningún resultado, imagínate cómo es la situación para los demás en estas tierras.»

Debido a la insistencia, al cuidado y al empuje con el que Carlos ha defendido las causas de esas personas, a Daniel Rivera, corresponsal de la Revista Semana en Medellín, no le tiembla la voz cuando se refiere a Carlos como uno de los mejores periodistas de la región.

“Si tú quieres conocer Urabá desde adentro, Carlos es el indicado para mostrártela. Nadie ha recorrido la región con tanto amor, entrega y dedicación como él. Carlos entendió algo fundamental y muy perdido entre los periodistas de hoy en día, y es que el periodismo se hace en territorio, con la gente, no desde el teléfono. Es de los pocos que todavía se meten a las entrañas del país”.

Pero si algo pudiera definirlo realmente es que está dispuesto a entregarle esas “entrañas” a cualquiera que quiera verlas. Cuando le comenté que quería viajar a Urabá a documentar algunas historias sobre justicia y legalidad en la región, me envió una lista de artículos, documentos legales, nombres, números de personas, me dio recomendaciones de viaje y de seguridad y, como si fuera poco, me entregó algunas historias que había comenzado hace unos años y que quería que yo continuara. Sin conocerme, sin saber nada de mí, sin reconocer más que mi voz, con una generosidad infinita y despojado de toda vanidad, me dio gran parte de su trabajo.

Tal vez lo hizo, de manera coherente con sus palabras, por su convicción de que el periodismo tiene mucho más para ofrecer. Por su convicción de que el periodismo puede salvar vidas y aportar enormemente a que organizaciones que trabajan todos los días por salvaguardar los derechos humanos tengan insumos para adelantar procesos legales contra aquellos que los vulneran. Tal vez lo hizo porque para él el periodismo no se trata de un quién sino de un qué. “¿Qué y para qué estoy investigando esto. Qué resultados espero obtener?”.

Carlos Montoya está convencido de que el periodismo puede salvar vidas y aportar para que organizaciones trabajen  por los derechos humanos.

(Foto: © Archivo particular )

∗∗∗

Después de su trabajo en el IPC, del que todavía es socio, hizo una maestría en España en Geografía. Evidentemente, en este punto, el despojo de tierras ya era un tema que lo obsesionaba y perturbaba, sin que pudiera todavía entender a plenitud por qué sucedían esas cosas y por qué había una aparente complicidad del Estado con los terratenientes, con las multinacionales y los paramilitares señalados de amenazar, robar, desaparecer y asesinar a los reclamantes de tierras. La geografía le permitiría entender después, desde los aspectos más técnicos, un problema histórico en Colombia: la tenencia de la tierra.

Con su trabajo de fin de maestría demostró que los predios en donde hubo restitución de tierras en las veredas, son los mismos por los que pasan todos los proyectos de carreteras y vías principales del Gobierno nacional: Panamericana, Mar 1 y Mar 2. Entonces, “el gobierno puede insistir en que no se beneficia de la guerra, pero hay algunas empresas, bananeros, ganaderos, mineros que tienen muy claro que la restitución es una piedra en el zapato para su beneficio económico. Hasta ‘HH’, el paramilitar, dijo en varias versiones libres quiénes eran los empresarios y servidores públicos inconformes con la restitución”.

Lo que su mapa muestra es que por donde pasan esas vías, en esas veredas, están las empresas que deben restituir tierras, y los datos a su vez evidencian que son las mismas zonas en donde más usurpación hay, incluso en la actualidad.

Ese es el caso de los consejos comunitarios, por ejemplo. Allí, como demostró El Espectador en un especial sobre la finca Guayacanes, un sector de los ganaderos y palmeros se benefició, de alguna u otra manera, de los conflictos en el territorio, para tomarse los consejos y quitarles cada vez más su autonomía.

El Espectador asegura que muchos de estos terratenientes les pagan a los líderes sociales para que cambien su discurso y convenzan a las personas de que vendan sus parcelas o dejen entrar la inversión privada a los consejos comunitarios. El caso más emblemático y tal vez más difícil de la región es precisamente el de la Larga y Tumaradó (Guayacanes). Ahí, el 90 por ciento del territorio está en manos de siete empresarios ganaderos, de acuerdo con la Fundación Forjando Futuros.

Esa investigación unida a la que hizo con el IPC, que pronto se le entregará a la Comisión de la Verdad como insumo para reparar a las víctimas del conflicto armado, le sirvió además para hallar un patrón en el robo de tierras en Urabá. Por supuesto, ese patrón ya había sido delatado por algunos paramilitares desmovilizados y archivado o desestimado por fiscales locales y jueces nacionales. Tanto Hasbún como ‘el Alemán’, dos líderes paramilitares, entregaron un listado con empresas y empresarios que, como aseguraron, se beneficiaron del paramilitarismo para amedrentar a los campesinos y hacerlos huir de sus parcelas.

El Alemán fue incluso más lejos al asegurar que todos los propietarios de predios de más de cien hectáreas financiaron el paramilitarismo en el Norte de Urabá. Entonces, Carlos se dedicó a buscar fincas con esas características y encontró que alrededor de 1000 familias estaban involucradas con el paramilitarismo. De esas mil, algunas tienen entre 500 y 700 hectáreas junto al mar, en una región en la que el promedio de tierra es de 70 hectáreas por familia. Razón suficiente para saber que en Urabá hay acumulación irregular de baldíos.

Cuando Carlos habla de estos hallazgos suelta una pequeña risa de indignación y asombro, que desemboca siempre en un profundo silencio. Como si él mismo no creyera en lo que su boca suelta. Pero su silencio nunca es tan largo ni tan distante como para finiquitar la conversación. En cambio, cada pausa la sucede con una seguidilla de denuncias que explotan con más fuerza y exasperación que las de la frase anterior.

Esta vez arremete contra el catastro de Turbo.

El catastro es el mecanismo que tienen los municipios para pagar el impuesto predial para sustentarse. Turbo tiene el peor catastro de Antioquia y uno de los peores del país, es todavía de 1998. Uno podría pensar que eso es un problema menor, que está desactualizado y ya, pero lo que significa es que las clases baja y media pagan más predial que muchos de los ganaderos de Urabá, pues ellos pagan el valor de finales de siglo. “Y así, cuando uno va atando cabos, es que uno entiende por qué Urabá nunca ha estado interesada en mejorar su catastro, por qué no está realmente interesada en restituir tierras, por qué es una de las zonas en donde más líderes sociales están asesinado, por qué, por qué, por qué….”. 

∗∗∗

Finalmente, no puedo evitar preguntarle si siente que su trabajo vale la pena, si siente que tantos años de incansable búsqueda y de seudoanonimato periodístico han dado frutos. No puedo evitarlo porque conocerlo me ha dejado la impresión de que su indignación a veces lo supera, de que Urabá se le ha vuelto un gran agujero negro del que ya no es capaz de salir.

Sin embargo, me equivo.

Conoce a la perfección la salida.

Ahora que lleva cuatro meses trabajando en Forjando Futuros, en los mismos temas de restitución pero de la mano de Gerardo, está más seguro de que ese es el camino y de que tal vez ese será su camino toda la vida.

“Esto es una satisfacción ética. Te llena el espíritu, porque sientes que con tu labor aportas un poco a humanizar este país y me siento pleno. Yo estoy enamorado de lo que hago, encarretado por lo que hago, porque siento que aunque es poquito, queda mucho por hacer. Hay una frase de Eduardo Galeano que me encanta y es: en lugares pequeños, personas pequeñas, haciendo cosas pequeñas, pueden estar transformando el mundo”.

Y ya sin la ráfaga, sin la ansiedad, sin el deseo de contar, se detiene y me dice: “¿Sabes?, tal vez lo más sabio sea ver las cosas como las ve Jesús Abad Colorado en El Testigo. Pensar que en Colombia nadie sabe quién es Caín y quién es Abel. Así es más fácil darse cuenta de que todos estamos en este agujero negro, no solo yo. De que cuando alguien muere en Urabá, todos morimos un poco”. 

Uno de los campesinos firma el poder que demuestra que recuperó por fin su tierra y eso para Carlos significa “satisfacción ética”.

(Foto: © Forjando Futuros)

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