Apartadó, Antioquia

¿Por qué es tan difícil acceder a la justicia en el campo colombiano?

Justicia Rural analizó las herramientas con las que cuentan más de 2,3 millones de habitantes de 54 municipios para solucionar sus conflictos, territorios ubicados en Chocó, Nariño, Putumayo, Córdoba, Antioquia y Cauca. En estos lugares, afectados por el conflicto armado, por cada 100.000 personas sólo hay un policía judicial, cinco jueces y seis fiscales.

Una riña entre vecinos, una pelea conyugal, la violación de un menor de edad o el maltrato a las mujeres son algunos de los conflictos que a diario pululan entre los más de 48,2 millones de colombianos. Sin embargo, ya sea por desconocimiento o ausencia de los mecanismos que brinda la justicia, muchas de estas problemáticas quedan en el limbo o llegan a su fin con enfrentamientos violentos entre las víctimas y los agresores.

En el campo, donde habitan cerca de 10,2 millones de personas, tanto campesinos como indígenas y afrodescendientes, el acceso a la justicia o la garantía que tiene una persona de acudir a un mecanismo para resolver un caso es precario. Por ejemplo, hay municipios con una limitada oferta de servicios de justicia, lo que restringe la protección de los derechos de las comunidades cuando son violados o vulnerados.

Un análisis de Justicia Rural realizado en 54 municipios ubicados en los departamentos de Chocó, Nariño, Putumayo, Córdoba, Antioquia y Cauca plasma la falta de mecanismos con los que cuenta la población rural de estos territorios para solucionar los conflictos, además de la escasa información sobre las pocas herramientas presentes y las principales necesidades jurídicas con mayor demanda y menor satisfacción.

El estudio tomó como base los municipios priorizados por el programa de Justicia para una Paz Sostenible (JSP), financiado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).

Los nichos analizados estás distribuidos así: 15 municipios en Antioquia, 10 en Chocó, 10 en Nariño, ocho en Cauca, siete en Putumayo y cuatro en Córdoba, con especial énfasis en seis: Turbo (Antioquia), Puerto Libertador (Córdoba), Condoto (Chocó), Caldono (Cauca), Tumaco (Nariño) y Valle del Guamuez (Putumayo).

En el campo, donde habitan cerca de 10,2 millones de personas, el acceso a la justicia o la garantía que tiene una persona de acudir a un mecanismo para resolver un caso es precario.

(Foto: ©FAO Colombia)

Oferta desvanecida

En los 54 municipios del análisis habitan más de 2,3 millones de personas, de los cuales 39 por ciento son afros y 11 por ciento indígenas. Son territorios jóvenes, ya que el rango de la población no supera los 35 años de edad. Un poco más de la mitad habita en las cabeceras municipales y el resto en las zonas rurales y casi la mitad de la población está conformada por mujeres.

La oferta jurídica, servicios de justicia para resolver un problema jurídico o legal, está casi  desvanecida en estos territorios. Justicia Rural evidenció que por cada 100.000 habitantes hay solo un policía judicial, un procurador, un funcionario de Medicina Legal, un defensor comunitario, un representante judicial de víctimas y un defensor de familia.

Por la misma población hacen presencia únicamente dos personeros, dos Unidades para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV), dos comisarías de familia, tres defensores públicos, 5,2 jueces y seis fiscales.

“Estos hallazgos hacen parte del mapa de actores de justicia del JPS, con información actualizada hasta marzo de este año. Este rezago limita el acceso a justicia en zonas apartadas con un pasado o presente en el conflicto armado, ya que es posible que no reconozca a estas instituciones como organismos de apoyo en caso de un problema. Es fundamental contar con una oferta de servicios de justicia para resolver un problema jurídico o legal, algo que es evidente que no pasa en estos territorios”, cita el estudio de Justicia Rural.

La oferta jurídica, servicios de justicia para resolver un problema jurídico o legal, está casi  desvanecida en estos territorios. J

(Foto: ©Yenifer Aristizábal )

Regiones insatisfechas

Con base en la encuesta de calidad de vida del 2016 del DANE, Justicia Rural analizó el grado de satisfacción de las necesidades jurídicas en las regiones que abarcan los 54 municipios priorizados, tales como negación de medicamentos, autorizaciones de procedimientos médicos, definición de cuota alimentaria, divorcio, estafas, fraudes y amenazas.

Según la encuesta, en la región del Pacífico, a la que pertenecen Chocó, Cauca y Nariño, hay un 63,9 por ciento de necesidades jurídicas insatisfechas, panorama que en la Amazonia y Orinoquia (donde está Putumayo) es del 67,4 por ciento, en el Caribe (que incluye Córdoba) 59 por ciento y en Antioquia 56,3 por ciento.

Estas necesidades insatisfechas están relacionadas con problemas como salud (23,4 por ciento), asuntos familiares (19,4 por ciento), delitos (13,9 por ciento), riñas con vecinos (9,1 por ciento), reclamos por servicios públicos (8,7 por ciento), deudas (7,3 por ciento) y conflicto armado (3,4 por ciento).

“Más del 50 por ciento de la población en estas zonas declaró tener una necesidad jurídica. Sin embargo, casi 62 por ciento aseguró que la problemática no fue solucionada. Los temas por los que más se acercan las personas a la justicia para ser resueltos no tienen una alta efectividad de resolución, en especial con la prestación de los servicios de salud y delitos relacionados con deudas, lesiones, amenazas, hurtos y homicidios”, apunta Justicia Rural.

Las necesidades insatisfechas en el campo están relacionadas con problemas como salud, asuntos familiares, delitos, riñas con vecinos, reclamos por servicios públicos, deudas  y conflicto armado.

(Foto: © Daniel Reina )

Falta creer

El conocimiento sobre las instituciones y la mala fama que las envuelve figuran entre los mayores factores que limitan el acceso de la gente a los servicios de justicia, en especial la de la zonas rurales.

Para llegar a esta conclusión, Justicia Rural utilizó dos insumos: una encuesta de cultura ciudadana de la ONG Corpovisionarios en  Istmina, Santander de Quilichao, Orito, Francisco Pizarro, Apartadó y Montelíbano, la cual evidenció que sólo 14 por ciento de la población confía en los órganos de la rama judicial; y la campaña Confía de la ONG norteamericana ACDI VOCA, que luego de entrevistar a casi 12.000 personas concluyó que el grado de confianza en los jueces y fiscales ronda el 13 por ciento.

“Más del 80 por ciento de la población en las zonas rurales de los 54 municipios estudiados considera que la justicia beneficia solo a los ricos. Aunque la mayoría cree que la Policía (31 por ciento), alcalde (20 por ciento) y Ejército (11 por ciento) son los que mejor administran justicia, más del 7 por ciento afirma que este poder está en manos de los grupos armados ilegales, como paramilitares, bandas criminales, FARC y ELN; por encima del rol de los jueces (5 por ciento)”, menciona el proyecto de SEMANA.

En la encuesta, más del 45 por ciento de la población afirmó que para establecer la verdad, las comunidades negras deberían ser las llamadas a administrar la justicia, seguidas por asociaciones comunitarias y autoridades indígenas y religiosas. Cerca de 93 por ciento considera que el ELN es que administra mejor la justicia para castigar, por encima de los paramilitares (59,8 por ciento) y las FARC (54,9 por ciento).

“Esto muestra que las personas eligen el tipo de justicia de acuerdo al resultado que desean obtener y refleja las creencias de la población sobre los fines de la justicia”, concluye el análisis, que además encontró que un alto porcentaje de la población encuestada, 46 por ciento, concuerda que la justicia sólo sirve para castigar a quien cometió un delito, y solo 6,7 por ciento cree que es para compensar a quien haya sido perjudicado resarciendo el daño. 

Más del 80 por ciento de la población en las zonas rurales de los 54 municipios estudiados considera que la justicia beneficia solo a los ricos.

(Foto: © Carlos Julio Martínez )

Periodismo local

Según la Fundación para la Libertad de Prensa, en las regiones Pacífico, Amazonia-Orinoquia, Antioquia y Caribe, donde están distribuidos los 54 municipios priorizados, hay 120 medios de comunicación, de los cuales 39 por ciento corresponde a radios comunitarias o comerciales, 28 por ciento a canales de televisión comunitarios, 3 por ciento a periódicos impresos y 3 por ciento a medios digitales.

Justicia Rural encontró que Tumaco (Nariño) alberga cinco medios radiales y uno de televisión; Turbo (Antioquia) uno de televisión, tres de radio y un impreso; y Condoto (Chocó) dos de radio y uno de televisión. Sin embargo, el proyecto considera que la mayoría de municipios de estos departamentos no cuentan con información suficiente a nivel local, es decir son zonas de silencio.

Otro hallazgo del proyecto es que la mayoría de personas en las regiones priorizadas asiste a reuniones con organizaciones que tienen un propósito más religioso y comunitario, y no a los de tintes políticos u oficial.

Por ejemplo, según la encuesta de cultura política del DANE de 2017, 83 por ciento de los encuestados en la región Caribe asistió a reuniones en la iglesia de su comunidad, cifra que contrasta con el 6 por ciento que aseguró haber asistido a una reunión política. En el Pacífico este panorama fue de 79 por ciento frente a 8 por ciento y en la Central 72 por ciento vs. 7 por ciento.

Otro hallazgo es que la mayoría de de personas en las regiones priorizadas asiste a reuniones con organizaciones que tienen un propósito más religioso y comunitario, y no a los de tintes políticos u oficial.

(Foto: © César García )

Barrido municipal

  • 54 municipios en seis departamentos: Chocó, Antioquia, Cauca, Nariño, Putumayo y Córdoba.– 15 en Antioquia: Apartadó, Carepa, Chigorodó, Turbo, Mutatá, Vigía del Fuerte, Briceño, Valdivia, Ituango, Tarazá, Cáceres, Nechí, El Bagre, Caucasia y Zaragoza.
    – 10 en Chocó: Bajo Baudó, Carmen de Atrato, Riosucio, Unguía, Istmina, Medio San Juan, Nóvita, Tadó, Condoto y Bojayá.
    – 10 en Nariño: Barbacoas, Magüí Payán, Roberto Payán, El Charco, Olaya Herrera, Santa Bárbara, Ricaurte, Francisco Pizarro, La Tola y Tumaco.
    – 8 en Cauca: Caldono, Caloto, Toribío, Santander de Quilichao, Buenos Aires, Corinto, Miranda y Jambaló.
    – 7 en Putumayo: Puerto Caicedo, Puerto Guzmán, Puerto Leguízamo, San Miguel, Puerto Asís, Orito y Valle del Guamuez.
    – 4 en Córdoba: Montelíbano, Puerto Libertador, Tierralta y San José de Uré.
  • En los 25 municipios analizados en Cauca, Nariño y Putumayo hay juzgados, fiscales, policía judicial y Medicina Legal.
  • Putumayo tiene la tasa más baja de funcionarios en los juzgados por 100.000 habitantes: 5,5.
  • Chocó es la única región donde no hay funcionarios de policía judicial.
  • Córdoba y el bajo cauca norte de Antioquia no cuentan con funcionarios de Medicina Legal.
  • Todos los municipios cuentan con un juzgado y todas las regiones con comisarios de familia.
  • Los municipios de Cauca y el bajo cauca y norte de Antioquia carecen de defensores de familia.

Todos los municipios cuentan con un juzgado y todas las regiones con comisarios de familia y Chocó es la única región donde no hay funcionarios de policía judicial

(Foto: © Daniel Reina )

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