Apartadó, Antioquia

La esquiva paz de San José de Apartadó

Un ideal propio de justicia es lo que ha evitado que la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, en el Urabá antioqueño, haya sido exterminada. El asedio no solo proviene de la ilegalidad, también de militares y agentes del Estado.

Aunque desacató una orden judicial, Germán Graciano Posso no está prófugo de la justicia. Cada mañana, se levanta con el alba en medio de olor a leña y a café recién puesto y, como lo ha hecho la mayor parte de su vida, sale a hacerle frente a las labores del campo. Y a los lances de la muerte.

Él es el representante legal de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, una organización campesina que lleva 22 años y más de 300 muertos y desaparecidos desde que decidió declararse neutral y adoptar su propio reglamento de convivencia. Ese que incluye, entre otros, prohibir el licor, la prostitución, las drogas y las armas. Por eso no comulgan con la guerrilla ni con los paramilitares. Tampoco con el ejército ni la policía.

Son unos 500 miembros repartidos en 11 asentamientos en zona rural de Córdoba y Antioquia, en el Urabá. La Hondita, además del sitio de residencia de Graciano, en el corregimiento de San José de Apartadó, es algo así como el epicentro de la comunidad.

Allá, varios murales, un mausoleo con los cuerpos que han logrado rescatar y una especie de templo, con cúpula incluida, sirven de memoria del holocausto de dolor y muerte que han tenido que vivir de camino a ese ideal de paz en comunidad. Una paz que, sin embargo, les sigue siendo esquiva.

La historia empezó el 23 de marzo de 1997. Ese día, un puñado de campesinos hizo un pacto de resistencia como única manera de seguir con vida bajo sentencia de muerte, en medio de un territorio geográficamente envidiable para los intereses de la guerra. 

Jesús Emilio Tuberquia fue uno de los campesinos que ideó las normas de la Comunidad de Paz. No consumir licor ni auxiliar a ningún grupo armado, dos de las reglas.

(Foto: © Nicolás Acevedo )

San José de Apartadó está próximo a la Serranía de Abibe y al Nudo de Paramillo. Una zona rica en carbón, coltán y en agua que, desde la década de los años 70, estuvo dominada por las Farc como un fortín que le permitía a esa guerrilla resguardarse y aprovisionarse. Eso hasta la década de los 90, cuando el paramilitarismo empezó a penetrar la zona y a estigmatizar a los campesinos como guerrilleros o auxiliadores de la guerrilla.

“Nos inspiramos en los indígenas. En el amor por el territorio”, dice Jesús Emilio Tuberquia, uno de los labriegos que ideó esa nueva sociedad hace dos décadas pese a que jamás fue a la escuela. Sí, en cambio, al parlamento europeo y al congreso norteamericano. Siempre a exponer la historia de la Comunidad y su ideal de paz.

Empieza el relato después de limpiarse el sudor y descargar un bulto de plátanos que lleva a la espalda. Lo primero que dice es lo mismo de Graciano. “La base de nuestra organización es estar dispuesto a dar la vida antes que el territorio”. Esa fue la primera regla que acordaron, después de algo más de seis meses de reuniones sigilosas, casi secretas, en las 32 veredas.

El siguiente paso era informarles a los actores armados de la decisión de paz y exigirles que dejaran fuera del conflicto a todos los campesinos que habían firmado la declaratoria. Que siguieran su guerra, pero fuera de la cerca del territorio de paz. “De los cerca de 6 mil campesinos que había en las 32 veredas del corregimiento, para esa época nos manteníamos en el territorio menos de 1500. El resto se había desplazado”, recuerda Tuberquia.

“La base de nuestra organización es estar dispuesto a dar la vida antes que el territorio”, Jesús Emilio Tuberquia.

Los miembros de la Comunidad de Paz sostienen que la vida de los campesinos transcurre en medio de los llamados ‘puntos’, hombres de civil al servicio de los paramilitares apostados a lo largo de los caminos.

(Foto: © Nicolás Acevedo )

En esos días, otro hecho trágico marcó la historia del territorio. El 29 de marzo, en la vereda Las Nieves, una incursión paramilitar del Bloque Bananero dejó un saldo de siete personas asesinadas que fueron luego vestidas con trajes militares para hacerlas pasar por guerrilleros.

No obstante, la recién creada comunidad de Paz siguió adelante. Para no seguir en la lógica de la estigmatización, quizá el peor daño de todos, los miembros acudieron en vano a la Cruz Roja Internacional para que les sirviera de interlocutor con comandantes de uno y otro bando. Ante la negativa de esa entidad multinacional de mediar entre civiles y grupos armados, se dirigieron a la Iglesia Católica y encontraron eco en monseñor Isaías Duarte Cancino.

Pese a que el mensaje fue recibido por cabecillas y jefes ‘paras’, los asesinatos y los hostigamientos arreciaron más que nunca y los campesinos, ya como miembros de la comunidad de Paz, debieron parapetarse en el casco urbano del corregimiento.

Muchos renunciaron a lo que habían firmado y salieron despavoridos. A algunos de esos, dice Tuberquia, los mataron por el camino. Fueron días de hambre. De silencio. De miedo. Los primeros de muchos días de resistencia que vendrían después y que involucrarían más muerte y más desolación.

Con el paso de los años se empezó a saber de conexiones en contra de la Comunidad de Paz no solo de militares y paramilitares, sino también de estos con empresarios y narcotraficantes. Según documentó el Centro de Investigación Académica Cinep, Naciones Unidas y Amnistía, la Brigada 17 del Ejército tuvo que ver en una nueva operación armada el 19 de febrero de 2000 contra la comunidad.

Unos 20 hombres del frente Arlex Hurtado, del bloque Bananero, llegaron al corregimiento y asesinaron a cinco personas, una de ellas en la Plaza Principal. Empezaba a vislumbrarse el trabajo conjunto entre fuerzas del Estado y AUC.

Unos 20 hombres del frente Arlex Hurtado, del bloque Bananero, llegaron al corregimiento y asesinaron a cinco personas, una de ellas en la Plaza Principal.

El 29 de diciembre de 2017, dos paramilitares llegaron hasta la Comunidad de Paz para asesinar a Germán Graciano Posso. La comunidad se enfrentó a los hombres y los capturó.

(Foto: © Nicolás Acevedo )

Sentencia histórica 

Ahí no pararía la barbarie.  El 21 de febrero de 2005 en las veredas Mulatos de San José de Apartadó (Antioquia) y La Resbalosa, de Tierra Alta (Córdoba) fueron asesinados el líder de la comunidad de Paz Luis Eduardo Guerra Guerra; su hijo Deiner Andrés Guerra, de 11 años, y su compañera, Beyaniera Areiza. Los tres fueron ultimados con machetes y abandonados en medio del rastrojo.

Luego, al caer la tarde y en otro punto de la Comunidad, también fueron asesinados Alfonso Bolívar Tuberquia y Sandra Milena Muñoz Posso. Y degollados, según dice el expediente, dos niños de cinco y un año de nacidos. La comunidad señaló como responsables a los paramilitares.

Un mes después, y en medio de unas declaraciones que causaron indignación, el entonces presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, pronunció un discurso que pareció justificar la matanza y que años después obligó al presidente siguiente -Juan Manuel Santos- a pedir perdón públicamente.

En esta comunidad de San José de Apartadó hay gente buena, pero algunos de sus líderes, patrocinadores y defensores están seriamente señalados por personas que han residido allí de auxiliar a las FARC y de querer utilizar a la comunidad para proteger a esta organización terrorista”, aseguró Álvaro Uribe Vélez.

No obstante, como en un rompecabezas muy lento de armar, la Corte Suprema de Justicia emitió el pasado 27 de marzo -14 años después- un histórico fallo en el que sentenció a 34 años de prisión a dos oficiales y cuatro suboficiales por su coparticipación y responsabilidad en esa masacre.

El alto tribunal no sólo determinó la complicidad de la Brigada XVII del Ejército en lo que se denominó Misión Táctica 009 Feroz, dentro de la operación Fenix, sino que estableció que los militares patrullaron, pernoctaron e incluso compartieron raciones de campaña con miembros del bloque Héroes de Tolová, de las AUC. 

Desde que se creó la Comunidad, van más de 300 miembros asesinados o desaparecidos. Adentro, los campesinos tienen un mausoleo con los cuerpos que han podido recuperar.

(Foto: © Nicolás Acevedo)

Asedio legal 

“Hoy las cosas en la Comunidad de Paz de San José de Apartadó no están mejor  dice Germán Graciano de pie en medio de tumbas y con varias manillas de colores y mensajes de paz en sus muñecas. Hay presencia paramilitar en casi todas las veredas del corregimiento y el asedio y el deseo de exterminio ahora nos llegan a través de fallos judiciales”.

Se refiere al fallo reciente de una jueza de Apartadó, Mariela Gómez, que ordenó cinco días de arresto contra Germán como representante legal de la Comunidad de Paz. La decisión se debe a que esta organización campesina no rectificó una información publicada en su página web y en redes sociales en la que dejaban en entredicho el buen nombre de la Brigada XVII.

“Algo ilógico si se tiene en cuenta todos los crímenes que esa Brigada ha cometido contra nosotros  dice Graciano. Es por eso tipo de cosas que nos declaramos en desobediencia”.

En efecto, en lugar de obedecer el fallo, miembros de la Comunidad de Paz se desplazaron hasta la Fiscalía en Apartadó e hicieron un plantón con carteles que decían #YoSoyGraciano. Al final, el fallo que ordenaba el arresto del líder -que fue recibido por el propio Papa Francisco- fue anulado. La orden de quitar de Internet las constancias publicadas por la Comunidad, sin embargo, sigue en revisión de la Corte Constitucional.

No es la primera vez que, unidos, los miembros de la Comunidad logran cosas importantes alejados de la justicia ordinaria “tan corrupta y tan cercana a la impunidad”, explica el padre jesuita Javier Giraldo, quien ha acompañado el proceso de la Comunidad de Paz desde sus inicios. Él, precisamente, enfatiza que aquello de #YoSoyGraciano es mucho más que un atractivo hashtag.

“En la comunidad las decisiones las tomamos todos. No somos una comunidad donde decide un líder o un jefe. Aquí decidimos todos…incluso los niños de 12 años tienen voz y voto en las asambleas. Ahí se toman las decisiones de nuestras denuncias y de las constancias históricas. #YoSoyGraciano no significa otra cosa que si se lo llevan a él, nos llevan a todos”, explica el sacerdote.

Y no exagera. El 29 de diciembre de 2017 cuatro paramilitares llegaron hasta inmediaciones de la comunidad para dispararle al representante legal. La comunidad hizo frente a la situación y, con palos y piedras, lograron capturar a dos de los sicarios y entregarlos luego a la Fiscalía. A los pocos días, sin embargo, ambos hombres estaban libres, según consta en las publicaciones de la Comunidad.

Y aunque los asesinatos selectivos y la presencia paramilitar continúa asediando a la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, ellos todavía sueñan con vivir en paz. “Lo único que nos hace falta en esta tierra es que ya no haya más muerte ni más dolor”, dice una señora de la comunidad llevándose un sorbo de café recién hecho a la boca.  

La comunidad hizo frente a la situación y, con palos y piedras, lograron capturar a dos de los sicarios y entregarlos luego a la Fiscalía.

Apartadó, Antioquia

Nervelia Avilez, ‘la abogada de los pobres’

Nervelia Rosa Avilez se hizo abogada para comprender por qué la justicia no resolvía su caso. Esta es la historia...

Nervelia Avilez September 5, 2019 5 min de lectura

Tumaco, Nariño

Justicia negra: “sobrevivientes de un mundo que no se volverá a ver”

Porfirio Becerra y Antonio Alegría, dos líderes sociales de Tumaco mayores de 70 años, recuerdan la justicia ancestral que perdieron...

Germán Izquierdo September 4, 2019 5 min de lectura

Apartadó, Antioquia

La esquiva paz de San José de Apartadó

Un ideal propio de justicia es lo que ha evitado que la Comunidad de Paz de San José de Apartadó,...

Andrés Rosales September 4, 2019 6 min de lectura