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«A los líderes sociales los asesinan por la tierra, no por el narcotráfico»: Forjando Futuros

Según informe de la Fundación Forjando Futuros, las afirmaciones del presidente Duque acerca de que a los líderes sociales los matan por problemas con narcotraficantes o por poner en evidencia el negocio de la minería ilegal, son falsas o, por lo menos, faltas de contexto. De acuerdo con las investigaciones de los miembros de la fundación antioqueña, el asesinato de defensores de derechos humanos está relacionado con un problema histórico en Colombia: el robo de tierras.

  • María José Peláez

    @mariajop4
  • 4 September, 2019

En el evento de clausura de la asamblea de la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos que se realizó en Medellín, el presidente Iván Duque aseguró que continuará con su “respaldo y defensa” a los líderes sociales.

Además, aprovechó la oportunidad para expresar su “solidaridad con la causa de defender a los líderes en nuestro país que han sido víctimas de estos grupos armados organizados al servicio del narcotráfico o de la extracción ilegal de minerales”. 

Asimismo, varios miembros de su Gobierno aseguraron que el asesinato de líderes se redujo un 35 por ciento en el país y que la criminalidad en las zonas rurales cayó significativamente.

Sin embargo, tanto la Fundación Forjando Futuros, como once organizaciones más de derechos humanos concluyeron en un informe anual sobre restitución de tierras y homicidios en la ruralidad que el Estado colombiano no ha cumplido con lo que les prometió a las comunidades campesinas y étnicas sobre su derecho a la tierra y que el asesinato de líderes no ha disminuído.

Al contrario, según Forjando Futuros las amenazas se hicieron cada vez más intensas y, por sus hallazgos, están relacionadas principalmente con el problema de la tierra y no con el narcotráfico y la minería ilegal, como aseguró el mandatario.

El informe comparó el avance en la restitución de tierras versus el número de solicitudes por departamento, y con ello identificó que las regiones en donde hay más asesinatos, son las mismas en las que hay más reclamantes de tierras y en las que los temas de restitución casi no han avanzado.

Los departamentos con más amenazas, agresiones y homicidios a defensores de derechos humanos son: Cauca, Antioquia y Norte de Santander, como muestra el siguiente mapa que realizaron los investigadores de Forjando Futuros.

Análisis de sentencias falladas publicadas por la Rama Judicial.

(Foto: © Forjando Futuros)

Con el Decreto 1167 de 2018, el presidente Duque y el ministro de agricultura concluyeron con las labores administrativas del proceso de restitución.

(Foto: © Forjando Futuros)

Con el Decreto 1167 de 2018, el presidente Duque y el ministro de agricultura concluyeron con las labores administrativas del proceso de restitución.

El dirigente les dijo a los medios de comunicación que las metas que el gobierno tenía en materia de devolución de tierras ya estaban cumplidas y que la labor que le queda a la Unidad de Restitución es ínfima.

Pero, una vez más, ni las víctimas ni los defensores de derechos humanos ni los procesos comunitarios estuvieron de acuerdo con la decisión. En cambio, aseguraron que de seis millones de hectáreas usurpadas -ya sea por terratenientes, grupos ilegales o multinacionales- no se ha logrado restituir ni una cuarta parte. 

“Los esfuerzos del gobierno parecen estar encaminados a mostrar resultados formales y no sustanciales, instrumentalizando la restitución de tierras, y dar por superado el capítulo del despojo en Colombia. La agenda política transita hacia la llamada ´seguridad jurídica para los inversionistas´ donde todas las reformas normativas y de política agraria están orientadas a hacer un borrón de la historia de despojo a sangre y fuego de grandes extensiones del territorio nacional, en un contexto de incumplimiento de la restitución de tierras y de nuevos desplazamientos masivos de comunidades étnicas y campesinas”, aseguró un vocero de Forjando Futuros.

Por ahora, lo que demuestra el informe es que la restitución ha avanzado muy lentamente y que de las seis millones de hectáreas robadas en el país, solo 350 mil se han devuelto.

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